La deforestación es la destrucción a gran escala de los bosques por la acción humana. Millones de hectáreas se degradan o destruyen anualmente. Éstas son taladas o quemadas, aproximadamente el equivalente a la superficie de un campo de fútbol cada dos segundos. Actualmente la tala continua ha reducido la superficie cubierta por los bosques a una cantidad estimada a 40 millones de km² de los cuales 12 millones son bosques abiertos.

La deforestación no tiene que ver solamente con la pérdida de árboles. También tiene un gran impacto sobre el ambiente. Muchas criaturas vivientes dependen de los árboles por lo que, cuando desaparecen los árboles, igualmente desaparecen los animales. Se pierden medicinas y materiales potencialmente valiosas, lo mismo que el agua y el aire limpios. Sufren las personas indígenas y, eventualmente, también las economías nacionales. El futuro de las personas y de los bosques están interconectados.

La deforestación no es lo mismo que la degradación forestal, que consiste en una reducción de la calidad del bosque. Ambos procesos están vinculados y provocan diversos problemas. Pueden producir la erosión del suelo y la desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías. Reducen la biodiversidad, lo que resulta sobre todo significativo en los bosques tropicales, que albergan buena parte de la biodiversidad del mundo.

De los bosques no solo obtenemos una serie de bienes y servicios indispensables para la supervivencia del ser humano: alimentos vegetales y animales, maderas, medicamentos y muchos productos más. Los bosques juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y demás bosques son posiblemente el patrimonio natural más importante pero también el más amenazado y depredado por la mano del hombre.

Los planes de gobiernos latinoamericanos contra la tala indiscriminada han logrado avances, pero todavía chocan con fuertes intereses económicos.

Nunca antes América Latina se luchó tanto contra la deforestación como hoy, afirman expertos y gobiernos. Pero la tala en la región aumentó hasta constituirse en la más alta del mundo.

Hubo un aumento de los precios internacionales de productos como la soja, lo que impulsó la ocupación de zonas boscosas especialmente en Bolivia, Brasil y Paraguay.

La deforestación ya es uno de los principales problemas en Argentina, admiten incluso los más conservadores, y parece acelerarse cada vez más. Las consecuencias sociales, económicas, climáticas y hasta estratégicas, son de una dimensión considerable.

Desde décadas atrás, los ecosistemas forestales vienen absorbiendo el apremio del hombre, como consecuencia de la extracción de madera para distintas aplicaciones. Claro está que tal propensión se ha potenciado en los últimos años debido al avance de la frontera agrícola, llegando así a nuestros días, en que la situación exige soluciones impostergables.

Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 se perdieron casi ochocientas mil hectáreas de bosques. En los cuatro años siguientes el problema se agravó: se deforestaron un millón cien mil hectáreas. Esto significa que en ocho años el país perdió el diez por ciento de su superficie forestada, y que se destruyen casi mil hectáreas de bosque por día. Además, el crecimiento del ritmo anual de la tala en la Argentina es seis veces más alto que el promedio mundial.

En el mundo, la tasa anual de deforestación ronda el 0,23%, mientras que en el África es del 0,78%. En Sudamérica, la tasa pasó del 0,44% en 1999 y 2000 al 0,50% entre el 2000 y el 2005. La Argentina está por encima de la media continental: 0,85%, con extremos como Misiones (1,33%), Santiago del Estero (1,18%) y Santa Fe (0,95%).

La tremenda tasa de transformación de nuestros bosques nativos en el norte de Argentina para la ampliación de la superficie agrícola, no tiene precedentes en la historia. De no mediar acciones inmediatas por parte del Estado Nacional y de las provincias involucradas, en poco tiempo más perderemos irremediablemente superficies importantes e irremplazables de nuestro patrimonio natural.

Se sabe que todos los tipos de bosque del país están sometidos a una descomunal presión de desmonte para sustituirlos por cultivos anuales, especialmente oleaginosos y granos gruesos en general, la producción de agrocombustibles, la ganadería extensiva extrapampeana y en mucha menor medida, plantaciones.

El uso de los recursos debe tener un carácter ordenado y sustentable, involucrando a que participen a las comunidades locales. Proteger muestras representativas de cada ecosistema, utilizar responsablemente los recursos naturales y restaurar los bosques y selvas, destruidos y degradados, es lo que se propone para lograr corregir los usos de la tierra que están afectando las últimas grandes reservas naturales.

Por suerte en Argentina, la presión ciudadana y la creación de un fondo de compensación monetaria fueron determinantes en la sanción de una ley nacional que suspende la tala de bosques nativos en Argentina hasta que cada provincia ordene su territorio y defina áreas intocables y de desarrollo. Esta ley fue sancionada a fines de noviembre del año 2007.

Por un año las provincias no podrán otorgar permisos de tala, y si se atrasan con el ordenamiento territorial -cuyas estrictas pautas se establecieron en el marco de la ley-, la suspensión se prolongará.

El proyecto era muy resistido por legisladores de provincias del norte del país, como Salta, Misiones, Chaco y Santiago del Estero, que defienden el derecho de intervenir en los bosques, inclusive en áreas de reservas naturales o en las que viven pueblos originarios que se abastecen de los recursos de la selva.

El ordenamiento territorial al que están obligados los gobiernos provinciales debe fijar tres categorías de protección: roja para bosques de muy alto valor de conservación que serán intangibles, amarillo para los que toleren un manejo sustentable, y verde para los que se puedan transformar total o parcialmente.

El ordenamiento debe ser aprobado por la legislatura provincial para que la Secretaría de Ambiente de la Nación levante el embargo. A partir de entonces, cada interesado en explotar recursos boscosos deberá presentar a la autoridad competente del distrito un estudio de impacto ambiental.

La norma reconoce los servicios ambientales que brindan los bosques, como la conservación de la biodiversidad, del suelo y de la calidad del agua, la regulación hídrica y la fijación de gases de efecto invernadero, como el carbono.

Para compensar la pérdida de actividad que implicaría para las provincias el cese de las deforestación, los legisladores aprobaron el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, que se repartirá en 70 por ciento para los propietarios de tierras boscosas y el resto a programas de conservación provinciales.

La protección del bosque nativo no es una mera demanda ecologista, postmoderna o de atrasados que no ven el progreso. Pretende en cambio ayudar a mantener los incontables servicios ambientales involucrados y resguardar los recursos, para el aprovechamiento integral de las generaciones actuales y futuras. www.ecoportal.net

* Cristian Frers es Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación Social.