La guerra en Colombia, no puede ser eterna. Uno de los desafíos esenciales para la sociedad civil colombiana es poder precisar cada día mejor el tipo de paz que se busca construir y como lograrlo. Detrás de las confrontaciones bélicas se encuentra, también, la disputa por los recursos naturales. Y esto marca las relaciones más estructurales del Norte con los países que antes se denominaban del Tercer Mundo.

Admnistia Internacional admite ahora que las personas a las que considera como «presos de conciencia» han «recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba». El derecho internacional considera ilegal la financiación de una oposición interna en otra nación soberana. Dicha política viola de manera flagrante los principios y normas que rigen las relaciones entre los Estados.

En Ecuador la Asamblea Nacional Constituyente resolvió: “Conceder Amnistía General para los procesos penales vinculados a las acciones de resistencia y de protesta que ciudadanos y ciudadanas han llevado adelante en defensa de sus comunidades y de la naturaleza, frente a proyectos de explotación de recursos naturales, y que por ello han sido enjuiciados penalmente por delitos comunes tipificados en el Código Penal”. Mientras el modelo de desarrollo basado en la destrucción de la naturaleza y la exclusión social persista, los defensores y defensoras de derechos humanos continuarán con su legitimo derecho de manifestarse y ser escuchados.

La crisis bancaria actual va a costar un millón de millones de dólares y es claro que faltó voluntad política par tratar de reunir los 800 mil millones propuestos por la ONU para garantizar ciertos derechos humanos elementales. Esto representa una violación flagrante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y es la lógica misma del modelo económico lo que está en juego. En vez de acercarnos a los Objetivos del Milenio nos estamos alejando a todo vapor.

Hablar de derechos colectivos de los afroperuanos implica reivindicar su esencia étnica y exigir su derecho al reconocimiento. Los indígenas están avalados por su estatus jurídico internacional y reconocidos como “pueblo”; en cambio la situación jurídica de los afrodescendientes en el Perú es diferente ya que no pueden esgrimirse los mismos argumentos como en el caso de la población indígena.

Este estremecedor relato de la paramilitarización del campo en el lejano pero siempre hermano país de Paraguay es un presagio y una advertencia de lo que puede ocurrir en México, y de lo que está ocurriendo con las diferencias del caso. Ceder tierra y territorio a las grandes empresas y a quienes quisieran recrear el latifundio del siglo 19 es condenar a millones de campesinos al exilio forzado o al envenenamiento por agrotóxicos.

“En el cálculo de las transnacionales está el utilizar a Colombia como punta de lanza contra el movimiento popular de América Latina”. Su defensa de los derechos de los campesinos, indígenas y sindicalistas colombianos le ha llevado a la cárcel en siete ocasiones y al exilio en una, pero a este economista, hoy asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia, no es tan fácil intimidarle.

El ordenamiento jurídico de Guatemala reconoce a la persona humana una serie de derechos. Junto a estos están también los recursos legales para su defensa y protección. Cuando los derechos humanos son inobservados por el Estado, la víctima tiene la alternativa y el derecho constitucional de utilizar todos los recursos legales que las leyes.

Según afirmaciones de la abogada cubana Nuris Piñero Sierra, Estados Unidos, en un evidente caso de violación de derechos humanos, montó todo un tinglado de la farsa para condenar en 2001 a altas penas de prisión a cinco ciudadanos cubanos acusados de espionaje.

Una hambruna asola Swazilandia, que está recibiendo ayuda alimentaria urgente. El cuarenta por ciento de sus habitantes se enfrenta a graves situaciones de escasez de alimentos. ¿Y qué es lo que el Gobierno ha decidido exportar?: biocombustible hecho a partir de un cultivo de uno de sus alimentos básicos, la mandioca.

El Tribunal Permanente de los Pueblos constató las violaciones más increíbles que la trasnacional ha hecho del contrato y los efectos en el empobrecimiento cada vez mayor de la población. Los derechos humanos han pasado a un segundo término privilegiando el enriquecimiento ilícito de Unión Fenosa.

La criminalización implica el “ponernos el dedo”, “señalarnos”, equipararnos y convertirnos en delincuentes organizados y/o terroristas, lo que permite que una gran parte de la sociedad vea nuestro trabajo de defensa de los derechos humanos como fuente del conflicto social y permitirá más adelante que el Estado nos criminalice o que los grupos paramilitares a su servicio nos ataquen.

Aunque el movimiento cristalizó para apoyar a los maestros en huelga, la frustración de la gente fue la consecuencia de profundos problemas económicos y sociales que el gobierno ha agravado y permitido que empeoren. Esos problemas que han perjudicado a los trabajadores fueron exacerbados por el NAFTA y por las políticas neoliberales del gobierno de Bush. La mayoría de la población de Oaxaca es indígena, en su mayor parte vive en extrema pobreza.

Cincuenta años después de las ejecuciones de los inmigrantes italianos Sacco y Vanzetti, el Gobernador Dukakis de Massachusetts puso en marcha una comisión para analizar la limpieza del juicio, y la conclusión era que los dos hombres no habían tenido un juicio justo. Esto despertó una tormenta menor en Boston.

Desde el levantamiento indígena en Chiapas –enero de 1994- a las últimas tensiones en Oaxaca, México transita una etapa política compleja, con particulares problemas en cuanto a la vigencia de los derechos humanos. La comunidad internacional sigue atenta la cotidianeidad de ese importante país latinoamericano. Amnistía Internacional advierte y espera, impaciente, mejoras a corto plazo. Los desafíos son inmensos...

Toda forma de vida necesita agua para existir. Es por ello que el Estado debe reconocer el agua como un derecho humano y garantizar su acceso, calidad y cantidad suficientes para la vida y el disfrute de otros derechos humanos ligados al agua como la alimentación, la cultura, los servicios públicos, entre otros.

La ideología afroperuana puede definirse como el autorreconocimiento y orgullo étnico de ser descendientes de la diáspora africana, compartiendo una historia común que es la trata esclavista. “Combatir el estereotipo y encontrar una plataforma común en América Latina”, estas fueron las palabras de Edzna Maria Santos Rolando.

Curiosamente, justo al año de la decisión de la Corte de Atlanta ahora nos llega la noticia que el pleno de esa instancia judicial acaba de emitir su decisión acerca de la reconsideración del fallo del 9 de agosto del 2005, rechazando un nuevo juicio para los cinco compañeros y volviendo a validar las sentencias que se habían anulado.

Desde el 5 de junio de 2003, la Unión Europea (UE) impone sanciones políticas y diplomáticas a Cuba por la “situación de los derechos humanos”. En 2004, esas sanciones fueron suspendidas por un año y se revalúan regularmente. La suspensión de estas medidas coercitivas se ha prolongado hasta junio de 2007

Durante el proceso en ningún momento sus acusadores lograron demostrar que los imputados habían intentado siquiera penetrar secretos de la seguridad nacional de Estados Unidos, ni pretendieron conspirar contra la estabilidad de la sociedad estadounidense. Se trataba de enterarse de las actividades terroristas e informarlas a Cuba, solamente eso.